El último año de la Fiscal General, Consuelo Porras, ha estado marcado por una confrontación abierta con el Ejecutivo, una intensa presión de la comunidad internacional y una estrategia de defensa técnica frente a múltiples intentos por removerla de su cargo.
1. El Conflicto con el Gobierno de Bernardo Arévalo
Desde la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo en enero de 2024, la relación entre el Ministerio Público y el Ejecutivo ha sido de hostilidad permanente.
- Negativa al Diálogo: Porras se negó a asistir a reuniones de gabinete convocadas por el mandatario, argumentando que la Ley Orgánica del MP garantiza su autonomía y que su presencia en consejos de ministros no era legalmente aplicable.
- Solicitudes de Renuncia: El presidente Arévalo ha solicitado públicamente su renuncia en repetidas ocasiones, calificándola como un obstáculo para la democracia. Ante esto, Porras ha respondido que cumplirá su mandato constitucional, el cual finaliza en mayo de 2026.
- Acciones de Desalojo y Denuncias: En agosto de 2024, Porras pidió la destitución de funcionarios del gobierno, alegando que el Ejecutivo intentaba tomar el control del MP.
2. Informes de Gestión y Resultados Institucionales
A pesar de las críticas políticas, Porras ha centrado su narrativa en el fortalecimiento técnico de la institución.
- Tercer Informe Anual (2024-2025): En mayo de 2025, presentó los resultados de su segunda gestión, destacando la recepción de más de 512,000 denuncias (un promedio de 58 por hora).
- Expansión de Sedes: El MP ha impulsado la construcción y modernización de fiscalías en municipios como San Juan Sacatepéquez, Jalapa y Quetzaltenango para mejorar la cobertura nacional.
- Lucha contra el Crimen Organizado: Según informes oficiales, se han logrado resultados significativos en la persecución de delitos de extorsión y narcotráfico.
3. Presión y Sanciones Internacionales
El aislamiento internacional de la Fiscal General se ha profundizado durante este periodo.
- Sanciones de la Unión Europea: El Consejo de la UE impuso sanciones a Porras que incluyen la congelación de activos y la prohibición de entrada a territorio europeo, acusándola de socavar la democracia y el Estado de derecho.
- Ratificación de la «Lista Engel»: Estados Unidos ha mantenido su nombre en la lista de actores corruptos y antidemocráticos, limitando su capacidad de interlocución internacional.
- Respuesta de la Fiscal: Porras ha rechazado estas sanciones, calificándolas de injerencia extranjera y asegurando que sus decisiones se basan estrictamente en la ley guatemalteca.
4. Batallas Judiciales y Futuro Político
Recientemente, Porras ha tomado acciones para asegurar su continuidad o buscar nuevos espacios de poder.
- Postulación a la Corte de Constitucionalidad: En febrero de 2026, se postuló para integrar la máxima instancia judicial del país, buscando un puesto que le otorgaría inmunidad y poder de decisión sobre leyes nacionales.
- Pérdida de Inmunidad: Paralelamente, ha enfrentado procesos legales donde se ha cuestionado su antejuicio debido a denuncias sobre presunto incumplimiento de deberes y su papel en investigaciones de adopciones ilegales señaladas por la ONU.
- Aspiración a la Reelección: A pesar de los señalamientos, figura entre los aspirantes para un tercer periodo como Fiscal General, habiendo obtenido votos de respaldo en las comisiones de postulación iniciales.
5. Críticas por Criminalización y Despidos
El manejo interno del MP también ha sido foco de controversia:
- Purga de Fiscales: Informes señalan la destitución de más de 100 fiscales durante su administración, lo que críticos consideran una estrategia para eliminar voces independientes dentro de la institución.
- Casos contra el Partido Semilla: El MP ha mantenido activas las investigaciones contra el partido oficialista, lo que organizaciones internacionales han calificado como una persecución política.
Conclusión del periodo: Consuelo Porras cierra este año como una figura polarizante que, mientras consolida una estructura administrativa robusta en el Ministerio Público de Guatemala, enfrenta el desafío de gobernar una institución bajo el asedio constante de la opinión pública internacional y un enfrentamiento directo con la Presidencia de la República.
